La propuesta de Sanidad para asistir a inmigrantes irregulares contempla el copago farmacéutico

El borrador expone que deberán estar empadronados desde hace al menos seis meses. Fuera del ministerio Yo Sí Sanidad Universal vuelve a reclamar la derogación del Real Decreto de Exclusión Sanitaria.

La esperada Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial, en la que Sanidad presentó a las Comunidades Autónomas la propuesta de acuerdo sobre criterios mínimos para la atención sanitaria a inmigrantes irregulares, fue utilizada, además de para rectificar la política restrictiva del Gobierno, para incluir el copago farmacéutico a los sin papales que sean asistidos.

El secretario general de la cartera sanitaria del Gobierno, Rubén Moreno, confirmó la exigencia de empadronamiento para este colectivo de, al menos, seis meses, y no de un año como se había informado con anterioridad, así como el hecho de que se dio un plazo de 15 días para que las comunidades autónomas puedan presentar “consideraciones de mejora” en relación con este borrador y de cara a su aprobación con motivo de la celebración del próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Este texto, que contempla un registro específico para estos ciudadanos e insiste en no ofrecer a los mismos la tarjeta sanitaria, sino un documento acreditativo de un año de validez y renovable también por periodos anuales, tiene el objetivo de “atender las necesidades de inmigrantes en vulnerabilidad”, algo que se espera hacer de esta manera “con criterios homogéneos”, explicó el número dos del Ministerio. Además, “evita que quien tenga recursos pueda aprovecharse de este programa”, así como imposibilita “el turismo sanitario” y “contravenir la normativa europea”, añadió.

El Ministerio afirma que se trata de “armonizar la atención”

“Todos están siendo tratados, se trata de armonizar la atención”, continuó Moreno, que informó de que la vía por la que se opta para ofrecer la asistencia es la de “la prestación social y sanitaria”, por lo que “no hay derecho a exportación”. “Vehiculizar la atención a través de esta opción” es la meta de este proyecto, que con el registro nacional resultante permitirá “valorar individualmente” a este segmento de la población y “tener información clínica para evitar duplicidades”, explicó el representante de la Administración sanitaria al tiempo que anunció que el Ministerio del Interior no tendrá acceso a estos datos.

Moreno, que cifró en 185.000 los inmigrantes en situación irregular a los que sí se contempla atender en la actualidad por ser embarazadas o menores, entre otros casos, reconoció que el borrador del acuerdo contempla un copago farmacéutico del 40 por ciento, reduciéndose este porcentaje al 10 por ciento en el caso de que se trate de medicamentos sometidos a aportación reducida.

Las comunidades gobernadas por el PSOE ven insuficiente la medida

A pesar de que el secretario general de Sanidad indicó que España está “a la cabeza” en este tipo de asistencia, y que sostuvo que muchas comunidades expresaron su agradecimiento en relación con la propuesta, expuso que las gobernadas por el PSOE continuaron exigiendo la derogación del Real Decreto 16/2012. De hecho, en la jornada previa a esta reunión, la portavoz de esta formación política en la Comisión de Sanidad del Senado, Encarnación Llinares, afirmó que “la única alternativa es la sustitución por otra ley que reconozca la cobertura sanitaria universal”.

En esta misma línea, y en relación con esta asistencia social y sanitaria, que se prestaría exclusivamente en el ámbito territorial de cada comunidad autónoma, salvo cuando sea preciso derivar al paciente a otra, el consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, manifestó que “este colectivo debe ser atendido en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano español”. Por ello, avanzó que la comunidad autónoma a la que representa “continuará garantizando la atención sanitaria como hasta ahora”.

Las regiones de Canarias, a través de su director de Programas Asistenciales, Bernardo Macías, y la Comunidad Valenciana, mediante la titular de su cartera sanitaria, Carmen Montón, también reclamaron la derogación del Real Decreto “que eliminó la universalidad de la atención sanitaria”. Mientras el primero expuso la “negativa” al registro específico, Montón reiteró que no se van a aceptar “mercadeos en un derecho humano básico como es la salud”.

Otra región que expresó su parecer tras la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación fue la del País Vasco, que a pesar de que considera “una buena noticia” la “rectificación” del Ministerio en esta materia, expuso su “disconformidad” con la propuesta de crear un registro específico para personas inmigrantes al entender que “se trata de una medida discriminatoria e innecesaria”.

Yo Sí Sanidad Universal sigue pidiendo la derogación del Real Decreto 16/2012

En el plano social, por último, Yo Sí Sanidad Universal también puso de relieve su rechazo al borrador mediante una concentración a las puertas del Ministerio de Sanidad. En la misma, exigió, una vez más, la retirada de la norma que cumplió este martes, 1 de septiembre, tres años de vigencia, ya que es “una chapuza que ha causado muerte, enfermedad y un sufrimiento enorme entre el millón de personas que ha perdido el derecho a la atención sanitaria”.

FUENTE: YOSISANIDADUNIVERSAL

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Asamblea Popular de Villa de Vallecas perteneciente al Movimiento 15M
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