1991: Con el PSOE se inicia el repago de la Sanidad Pública con el ‘Informe Abril’

Informe Abril

El Informe Abril fue un análisis en el que se juzgaba y evaluaba el sistema sanitario público español, con una serie de recomendaciones para su planificación posterior.

Redactado en 1991 por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell, apellido del que tomó su denominación.

Fernando Abril Martorell tras no conseguir escaño en Valencia por UCD en 1982 dejó la política y se dedicó al mundo empresarial. Fue presidente de la Unión Naval de Levante (controlada por el Banco Central) y vicepresidente del Banco Central Hispano (1991). En junio de 1990 fue nombrado presidente, a propuesta de Felipe González, de la Comisión de Análisis y Evaluación del Sistema Nacional de Salud, creada por el Ministerio de Sanidad, que produjo el denominado Informe Abril para diseñar la reforma del sistema sanitario español.

El informe estuvo terminado y presentado al ministro el 25 de julio de 1991 y fue presentado en el Congreso de los Diputados por Abril Martorell el 25 de septiembre, siendo presidente del Gobierno Felipe González Márquez. En él se consideraba que existía «un cierto agotamiento del sistema sanitario». Este informe fue muy criticado en su momento y quedó relegado «aparentemente» en el olvido. En marzo de ese mismo año se había producido el relevo en el ministro de Sanidad de Julián García Vargas, impulsor del informe, que fue sustituído por Julián García Valverde.

Sin embargo muchas de las recomendaciones del mismo se han ido adoptando en la primera década del siglo XXI por el Estado y las comunidades autónomas.

Estructuras de gestión.

Para mejorar la efectividad y eficiencia del conjunto será preciso separar las competencias de financiación y «compra» de servicios sanitarios y las funciones de gestión y provisión. Las reformas en los países con sistemas semejantes al español (Gran Bretaña y Suecia) van en esa dirección.

La Administración Central y Gobiernos Autónomos serian financiadores principales; las Áreas de Salud, «compradores«; hospitales, centros de salud y farmacias, proveedores; y los usuarios, clientes. La administración sanitaria establecería las normas reguladoras y los recursos financieros. De esta forma se crearía un «mercado interno» con un estímulo competitivo entre las unidades de provisión de servicios que suscitarían mejoras en calidad y en coste. Al usuario le daría un mayor margen de elección. Los «compradores» de forma progresiva podrían responsabiliza a los proveedores de su rendimiento.

En aquel momento en el Insalud (central y autonómico) concurren la responsabilidad de financiación, de «compra» y de provisión de servicios (salvo farmacéuticos). Esto impide delegar responsabilidades y los defectos de la gestión se transfiere a la cúpula y de ahí al estamento político, que le hacen «chivo expiatorio» de los errores de unos, exigencias de otros y de las disfunciones. Los principios son los de Derecho Público, que podría servir en financiación y «compra», pero que no pueden impulsar el dinamismo y agilidad necesaria para la gestión.

Colaboración con el sector privado.

El nuevo esquema con separación entre compra y financiación de servicios permitirá profundizar en la complementariedad que la Ley General de Sanidad señala para el aprovechamiento eficiente de todos los recursos. El sector privado que vinculase su actividad a las reglas de juego podría competir con seguridad jurídica con la pública, promoviendo una competencia leal que estimule la eficiencia en los proveedores públicos.

Facturación.

El sistema debe concienciar en el gasto tanto en el usuario como en los profesionales. La salud tiene un coste, y en un elemento central del proceso de información se debería facturar todos y cada uno de los actos de asistencia médica, aunque pudiera se acompañada de la ayuda pública por el importe parcial o total. Hay multitud de servicios que deberían cobrarse en su integridad porque no forman parte del sistema (accidentes de tráfico con seguro de automóvil, otros seguros privados etc.) y que no se cobraban de forma general.

Contratación externa.

Otro obstáculo de la gestión son las actividades heterogéneas que se desarrollan desde la atención medica a la función hostelera, atención de enfermería y la de ingeniería de mantenimiento. Esto da una mayor vulnerabilidad del centro. Se aconseja hacer con medios propios sólo lo que no se puede hacer con medios ajenos. Aconsejándose subcontratar.

Complementariedad de la provisión privada y pública.

La legislación reconoce el derecho al libre ejercicio de las profesiones sanitarias y la libertad de empresa y la vinculación complementaria mediante conciertos al SNS. Hasta entonces la coexistencia pública y privada se desarrolló mediante compartimentos estancos, sin información comparativa. Sin embargo según datos parciales hacían presumir unos costes sustancialmente inferiores a la gestión privada que la pública, si bien es verdad que estas últimas tienen otro tipo de responsabilidades que pueden justificar, en parte dicha diferencia. La comisión cree que es fundamental tener datos, con una metodología explícita y rigurosa, para su comparación.

Participación de los usuarios.

Se consideraba que la participación del usuario en el coste de las prestaciones básicas, con las excepciones que la equidad requiera, debían ser una fuente adicional de financiación. En relación con las prestaciones básicas, debería ser pequeña, prácticamente simbólica. De los 40 millones de españoles potenciales beneficiarios, unos 2 millones optaron por un sistema distinto, y unos 4 millones una doble cobertura. La opinión publica en la «encuesta Blendon», considera que es mejor la asistencia privada (57%) que la pública, o que es análoga (33 %). Influyendo en la misma factores subjetivos, entre ellos la facilidad de acceso y la libertad de elección. Se debe constatar que en los sistemas privados, con independencia de las primas, es frecuente la participación en el pago de actos sanitarios, y la ausencia de prestación farmacéutica. En resumen, la frontera de la gratuidad como regla general habrá que atravesarla para lograr un mayor grado de satisfacción general.

Recomendaciones

Financiación y provisión.

7. Separar la financiación (pública) de la provisión de servicios (pública y privada) para mejora la eficiencia. Esto permitiría introducir competencia entre los proveedores.

Fuente: http://es.wikipedia.org

El ‘informe Abril’ sugiere un sistema de financiación de la sanidad que implica la desaparición del Insalud

La reforma sanitaria que recomienda la comisión Abril en su informe, prácticamente ultimado, supone cambios radicales en el sistema de financiación de la sanidad pública. Del actual sistema mixto, Presupuestos del Estado y cuotas de la Seguridad Social, podrían desaparecer estas últimas. Esto implicaría, según los especialistas consultados, la desaparición del Insalud como entidad gestora de la asistencia sanitaria. Ese organismo público pasaría entonces a competir en el mercado de la salud con las compañías privadas.

Los cambios que aconsejan los expertos introducir en la gestión de la asistencia sanitaria se sustentan todos ellos en el convencimiento de que el actual sistema es ineficiente, no garantiza totalmente la calidad de la asistencia, y la partida del presuputo que España destinada a Sanidad no puede aumentar substancialmente en los próximos años.

Sobre estas coordenadas de base, los expertos consideran que el aciual modelo de financiación es inadecuado, tanto porque arrastra una cifra elevada de deficit -las estimaciones oficiales la situan en 700.000 millones de pesetas-, como porque el ciudadano no es consciente de los gastos. «Si la financiación se realiza a través de las cuotas de la Seguridad Social, el mecanismo que se produce cuando sube el gasto es que de forma automática suben también las cuotas. Pero los usuarios de los servicios sanitarios no perciven esa subida y creemos», señalan, «que es necesario introducir ese factor».

Pero los especialistas en gestión sanitaria discrepan sobre las medidas que deben arbitrase para ello, aunque se apunta que la participación directa del usuario en el coste del servicio mediante el denominado tiket moderador. Este se perfila como la solución por la que va a optar finalmente,el informe de la comisión.

Las dudas sobre la conveniencia de esa medida se han vivido también en el seno de esta Comisión Abril, Algunos expertos cercanos a ella señalan que en esta se ha barajado como alternativa la denominada «factura sombra». Consistente en que aquellas personas que requieren algún servicio sanitario, especialmente en el caso de la atención especializada que se presta en los hospitales, reciben antes de abandonar el centro un factura en la que costa el precio detallado de los servicios que ha recibido. Pero este sistema se considera poco eficaz.

Nuevo impuesto

Cierto es que los detactrores del titek moderador otorgan a éste el mismo calificativo, considerándole tan sólo un nuevo impuesto. «El tiket moderador- no ha actuado en ningún país que lo tiene en vigor como moderador del gasto y propicia la injusticia social. Sí llega a instaurarse, actuará de hecho como un nueva tasa. Un impuesto directo sobre la sanidad», según manifestaba Francisco Ortega, el nuevo secretario general de Salud Pública, en una mesa redonda sobre defensa de la sanidad pública. Sería contrario, además, a las principales conclusiones de una encuesta elaborada por el especialista británico Robert Bendol por encargo de la comisión Abril.

Según este estudio, que compara la asistencia sanitaria de los 11 países más desarrollados, el 77% de los españoles son partidarios de una reforma de la sanidad y reclaman al gobiemo que gaste más dinero en ese capítulo, pero el 91% considera que los fondos se deben sacar de otros programas gubernamentales. Sólo un 7% es favorable a que se creen nuevos impuestos.

A la impopularidad de esa medidad hay que unir las diricultades prácticas -de «cambio de caja», señalan- que implicaría el nuevo modelo de financiación. Estas ya se vivieron hace tres años cuando el equipo de García Vargas cambió el sistema de financiación, pasando a ser mayoritaría la aportación vía presupuestos del Estados. Actualmente, las cuotas de la Seguridad Social representan el 30% de los 2,1 billones aprobados para 1991.

En lo que no hay disparidad de criterios, en cambio, es en la necesidad de modificar el actual sistema de conciertos. El cambio consistirá en abonar una cantidad por cada «proceso» clínico que se atienda, en lugar de por cada día que esté ocupada la cama por los enfermos, como se hace actualmente. Altos cargos de sanidad. consideran que «el pago por estancia» es un sistema perverso.

La mala política de conciertos que ha realizado la Administración es reconocida, incluso, por responsables del Insalud, situando al borde de la quiebra a numerosas clínicas. De cara a la nueva situación, la delegación territorial del. Insalud en Madrid tiene elaborada ya una estimación de lo que cuesta atender patologías tan diferentes como intervención de cataratas, varices o vesícula. Esas tarifas podrían ser aplicables en el propio Insalud si la asistencia que presta este organismo compite en el mercado de la asistencia sanitaria de modo similar a como lo hacen actualmente las compañías privadas.